La universidad española es como un tabú que no se discute. Académicos, políticos y sociedad hablan de ella con idiomas diferentes. Pero cuando consigamos hacer entrar en una misma ecuación la excelencia académica, el interés público y la equidad social, se despejará el camino para el salto cualitativo de nuestra universidad.ADVERTISING

Si, en una hipótesis, existiera la coincidencia entre una mayoría parlamentaria y una mayoría de opinión académica, se tendría el camino allanado para una ley de Universidades que actualizara la de 1985. Los retoques posteriores a la LRU, con la LOU y la Lomlou, resultan ya anticuados, mientras aguarda resolver pronto el sistema de gobierno y de financiación de los centros universitarios y su mapa de títulos y ciclos de estudio, con especial atención a las estructuras de investigación. Mas para ello se necesita un consenso que hoy no se atisba en unos círculos de poder poco dados a la interlocución y la búsqueda de acuerdos.

La formación de un nuevo gobierno progresista en España puede por lo menos influir, a través del ministerio correspondiente, en la recuperación de la educación superior como prioridad social, orientándose hacia el objetivo de hacer posible a la vez la calidad académica, la equidad social y la contribución del conocimiento a la innovación productiva, de la que tanto necesita la industria y la creación de empleo en nuestro país. La tarea más urgente, a la espera de una nueva ley universitaria general, se dividiría, a mi entender (cuarenta años de profesor), en cinco frentes de acción de gobierno que no requieren especial revuelo legislativo.

En primer lugar, el incremento de la inversión pública, sobre todo para aliviar la precariedad docente y amortiguar el masivo relevo generacional del profesorado. En segundo puesto, la rebaja de las tasas de matrícula y la ampliación del sistema de becas para los estudiantes. Tercero: ­reforzar las escuelas de doctorado y mejorar los recursos para el personal investigador en formación. Cuarto: definir la carrera académica del profesorado y fo­mentar su formación y movilidad. Y en quinto lugar, pero no menos importante, apoyar las estructuras de investigación avanzada y su vínculo con la sociedad y la producción.

Para todo ello se requiere capital, pero también coraje y mucha diplomacia.

Fuente: LaVanguardia